Ciudad de México, a 20 de agosto de 2025.- Me presento ante ustedes para someter a su consideración una iniciativa para el futuro social de México. Propongo reformar la Ley General de Desarrollo Social en materia de evaluación integral. La pobreza y la desigualdad son fenómenos complejos que no pueden combatirse solamente con discursos y narrativas. Requieren diagnósticos precisos, metodologías sólidas y, fundamentalmente, una evaluación constante del impacto real en los programas sociales en la vida de las personas y las familias.
Y aquí precisamente estamos hablando de ese tema porque hoy se habla mucho de la reducción de la pobreza en este país, y es algo que en el PAN, en el Partido Acción Nacional lo reconocemos, (inaudible) programas sociales, está el salario mínimo, que se ha incrementado, pero también no hemos sido justos.
No hemos reconocido, por ejemplo, a nuestros migrantes, que se duplicaron las remesas, de 34 mil millones de dólares a 64 mil millones de dólares, que esto permite que muchos miles y millones de familias en nuestro país puedan subsistir, para tener lo mínimo esencial en vivienda, obviamente en vestido, en educación, etcétera.
También reconocer que en el tema de salud hay carencias, de 20 millones de mexicanos pasaron a 44.4 millones en carencias de salud. Reconocer también el crecimiento económico, es de los más bajos de América Latina. Reconocer que la inflación no está del todo baja y esto impacta sobre todo a las familias más pobres.
La responsabilidad del déficit público, la deuda, cada día se endeuda más para sacar adelante este tipo de programas. Entonces hay mucho que hacer y debemos trabajar en mejorar las condiciones de las personas y eso es lo que pretende esta iniciativa.
Buscamos fortalecer los mecanismos de medición para que las políticas públicas tengan un impacto real en la vida de las familias.
A pesar de los esfuerzos realizados, aún persisten desigualdades y deficiencias que impiden una correcta aplicación de la política en materia de desarrollo social.
Como ustedes saben, la Ley General de Desarrollo Social contempla mecanismos de medición y evaluación. De hecho, una reciente modificación en congruencia de la reforma constitucional para desaparecer el Coneval y otorgarle sus facultades al INEGI.
Nosotros, en lugar de debilitar las instituciones, proponemos fortalecerlas. En lugar de centralizar las decisiones, proponemos la participación en los mecanismos de medición y evaluación, para dotarlos de una mayor profundidad, enfoque ciudadano y rigor técnico.
Esta iniciativa nace de la convicción de que la evaluación de la política social no debe limitarse a verificar si se gastó el presupuesto o se entregaron los apoyos. Necesitamos medir si efectivamente se están reduciendo las brechas de desigualdad, si se está mejorando el acceso a los derechos y si las personas, sobre todo las familias, viven mejor, si tienen una mejor educación, una salud digna, mejores niveles de bienestar, es decir, un presupuesto basado en resultados.
Proponemos introducir criterios que midan no sólo el cumplimiento administrativo, sino el impacto real en la medición de la población objetivo, la eficiencia en el uso de los recursos y, crucialmente, la percepción de las personas beneficiarias.
Proponemos reconocer y fomentar la participación directa de la sociedad civil, la academia y las propias comunidades en la construcción, revisión y validación de sus instrumentos de evaluación.
Esta iniciativa propone que la evaluación de la política de desarrollo social deje de ser un ejercicio aislado, burocrático y, más bien, se convierta en un proceso integral, riguroso y participativo. No sólo es medir el gasto, sino evaluar el impacto real en la población objetivo, incluyendo indicadores cuantitativos, cualitativos y, lo que es más importante, la participación ciudadana, la academia, la sociedad civil como actores fundamentales.
Así, damos voz a quienes conocen y padecen problemáticas sociales de primera mano.
Es esencial que las recomendaciones del instituto lleguen directamente a las autoridades responsables del presupuesto, es decir, a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados, ¿para qué?, para que se puedan ajustar las metas, los compromisos y los recursos con base en evidencia, evitando gastos ineficientes y fortaleciendo aquello que realmente funciona.
Nos enfrentamos a los viejos enemigos de los mexicanos, que siguen siendo la desigualdad, la inseguridad, la exclusión social.
Pero esta iniciativa abre el camino para combatirlos de manera efectiva, con datos, con rigor, con un sentido humano porque éstos no son solo números, son vidas, son historias de esperanza que merecen un México justo, un México próspero.
No olvidemos que detrás de cada política social está la vida de millones de personas que esperan resultados. De poco sirve presumir cifras de inversión, si en realidad persisten en las comunidades olvidadas, hospitales sin médicos, sin medicinas, escuelas sin maestros, etcétera.
La evaluación integral que proponemos nos permitirá detectar esas fallas, corregirlas y garantizar indudablemente que cada peso del presupuesto llegue realmente a quienes más lo necesitan.
Compañeras y compañeros, hablar de desarrollo social es hablar de justicia; y hablar de justicia es hablar de dignidad.
Nuestro país no puede conformarse con reducir las cifras de pobreza, debemos aspirar a erradicarla. La representación que ostentamos nos obliga a dar pasos firmes.
Por eso, hago un llamado respetuoso para que respalden esta reforma, con la que avanzaremos en una política social más justa, más eficaz, más transparente y, sobre todo, más cercana a la gente. Un México que no sólo mida su progreso en estadísticas, sino sobre todo en dignidad y esperanza de cada familia, de cada persona, de cada niño, de cada joven, de cada adulto mexicano.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, presidente.
Quiero resaltar también los logros de mi estado, en Guanajuato, en materia de pobreza. Quedó en el cuarto lugar a nivel nacional en la reducción de la pobreza y estamos hablando de 430 mil personas que dejaron la pobreza en nuestro estado; 336 mil, la pobreza moderada; y 94 mil, la pobreza extrema. Felicidades a la gobernadora Libia por el trabajo realizado.
Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.