CDMX, 30 de Octubre de 2026.- El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, señaló que cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competencia y obtenido contratos de organismos electorales locales por alrededor de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, identificó a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según su exposición, compartían socios o representantes legales.
Estamos ante un escenario de colusión”, afirmó. “Nos ponemos de acuerdo, dos inflamos el precio”, describió sobre el mecanismo detectado.
El esquema, explicó, elevaba artificialmente los precios de referencia, propiciaba la descalificación de propuestas más económicas y favorecía que una compañía del mismo grupo obtuviera el contrato.
El análisis incluyó 106 contrataciones de material electoral y 53 procedimientos de licitación pública, con información de la Plataforma Nacional de Transparencia. El estudio es preliminar y no comprende todas las contrataciones de los organismos locales. A detalle, los 2 mil 461 millones corresponden al valor de los contratos identificados, no a un daño patrimonial determinado.
18 expedientes y cinco procedimientos administrativos
Sobre los hechos difundidos en medios relacionados con la administración de Guadalupe Taddei, Carvente Contreras informó que existen 18 expedientes: 13 siguen en investigación y cinco están en procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos por presuntas faltas graves. No atribuyó a estos funcionarios la totalidad de los contratos millonarios identificados.
Entre las irregularidades expuestas mencionó un contrato de urnas y mamparas en el que una penalización de cinco millones de pesos se redujo a 26 mil pesos. También describió el caso de un servidor público que era socio de una empresa, intervino en su contratación y posteriormente firmó la recepción de los bienes a satisfacción.
El funcionario advirtió que los hallazgos son “actos de fiscalización de carácter preliminar” y que todavía no hay resultados definitivos. Precisó que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre las faltas graves e imponer, en su caso, las sanciones.
Con información de López-Dóriga Digital