León, Gto. A 09 de noviembre de 2019. Derivado del incremento en la incidencia delictiva del Estado, los presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales del estado exigieron a las autoridades de Guanajuato, así como a los Ayuntamientos, tomar medidas mucho más enérgicas para atender la problemática de inseguridad.
Plantearon la adopción de una política de “Cero Tolerancia” en materia vial que permita identificar e inspeccionar a conductores de vehículos sospechosos.
“Desde el pasado proceso electoral, a través del documento Propuestas Guanajuato 2018, hemos venido hablando de la necesidad de aplicar una política de Cero Tolerancia que consiste en aplicar al 100% todas las leyes y reglamentos establecidos para el buen funcionamiento del estado y aunque reconocemos que en algunos municipios se han hecho esfuerzos en ese sentido, desafortunadamente no está resultando suficiente. Es por eso que hoy retomamos esta iniciativa de CERO TOLERANCIA, en la que vemos necesario que se sumen todos los Ayuntamientos y el Gobierno Estatal”, mencionó el presidente del CCE León, José Arturo Sánchez Castellanos.
Las propuestas incluidas en la estrategia de “Cero Tolerancia” son:
- Elevar las multas y sanciones de tránsito por: circular con vidrios delanteros polarizados en los vehículos, conducir sin licencia de manejo, manejar bajo influencia de sustancias tóxicas y conducir a exceso de velocidad.
- Realizar operativos de alcoholímetro diario y reforzarlos los fines de semana.
- Hacer cumplir el arresto sin derecho a fianza a conductores ebrios. ·
- Realizar revisiones permanentes a vehículos sospechosos.
- Remitir a la pensión los vehículos sin placas o con placas ocultas o cubiertas.
- Hacer operativos permanentes de revisión de automóviles con placas extranjeras.
- Realizar un replaqueo que permita actualizar el padrón vehicular, pues la última vez que se realizó una actualización fue hace 12 años.
Los empresarios subrayaron que en la mayoría de los delitos que se cometen en la entidad, los responsables huyen a bordo de unidades sin placas o con láminas sobrepuestas, por lo que sugirieron recurrir a un replaqueo que permita generar un padrón confiable.
“Necesitamos emplear mayor inteligencia en las estrategias de seguridad y echar mano de las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos. Por ello, sugerimos implementar placas con código de seguridad QR, el cual permite almacenar y consultar de manera rápida la información del auto y el propietario, de forma que se pueda conocer en tiempo real la posesión legal de los vehículos.
“Desde luego, este replaqueo deberá ser gratuito para los ciudadanos. Sabemos que el Estado atraviesa un momento difícil en el tema de recursos, sin embargo, estamos convencidos de que se pueden generar economías o algún mecanismo para que a los ciudadanos no nos cueste y se pueda llevar a cabo la renovación del padrón vehicular que hoy es de 2 millones 104 mil 655 unidades”, añadió Sánchez Castellanos.
Sostendrán reunión con la Comisión de Hacienda en el Congreso
En rueda de prensa en la que además de Sánchez Castellanos, también participaron los presidentes de los CCEs de Salmanca, Raymundo Gómez García; de San Miguel de Allende, Ricardo Garrido; de Irapuato, Rafael Lamadrid; y de Celaya, Jesús Torres Ramos, los empresarios informaron que el próximo lunes se reunirán con la Comisión de Hacienda y Fiscalización el Congreso del Estado para revisar el detalle de la solicitud de deuda del Gobierno del Estado, así como el plan para la aplicación de los recursos.
“En este rubro nuestra principal petición es que no se prioricen obras de ‘relumbrón’, sino aquellas que tengan mayor impacto social, y que favorezcan a las constructoras pequeñas, que son las que más afectadas se han visto con la falta de obra pública. La intención es que se busquen esquemas para que la obra se asignen a un mayor número de empresas, con menores importes”, mencionó el presidente del CCE de Celaya, Jesús Torres Ramos.
Detallaron que en la reunión con la Comisión de Hacienda también dialogarán con los diputados respecto a la iniciativa para reformular el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), pues consideraron que las empresas atraviesan un momento crítico derivado de la recesión económica que vive el país, por lo que no es oportuno imponerle más carga tributaria.
“Consideramos que los municipios deben buscar alternativas para hacer frente al déficit que presentan actualmente, como lo han hecho algunos municipios con la sustitución de lámparas convencionales por luminarias LED. Ni en este impuesto, ni en otros como el predial, se puede considerar incremento alguno. Ante la situación económica que prevalece, es responsabilidad de los gobiernos eficientar su operación y generar ahorros que les permitan hacer frente a sus necesidades”, señaló Rafael Lamadrid, presidente del CCE de Irapuato.