Guanajuato, Gto., 17 de Diciembre del 2021.- En tribuna, la diputada Yulma Rocha propuso exhortar al municipio de León para que informe “sobre las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio de sus funciones”.
Lo anterior, en atención a una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, dijo0 al plantear su propuesta de Punto de Acuerdo con el propósito de “que no vuelva a pasar” un caso como el de Dulce, la menor de 12 años que fue detenida arbitrariamente y en el que privaron errores y omisiones, “atentando así contra el interés superior de su niñez y cometiendo una grave violación a sus derechos humanos”.
Rocha Aguilar, quién se preguntó cuántas detenciones de menores de edad se efectuarán en condiciones similares, a pesar de que en esos casos “no es aplicable el uso legítimo de la fuerza” sino “la custodia”, expuso en qué consistieron las omisiones que se cometieron en el caso de Dulce, de acuerdo alColectivo Madres Guerreras de León.
Entre otras, amenazas en contra de la menor por parte de los policías, no notificar su detención a la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permitir que personas que no eran sus familiares se la llevaran, además de no haber actuado de manera inmediata tras su desaparición, sino hasta casi dos meses después, “cuando el caso se hizo público y porque ya les era imposible seguirlo ignorando”.
También expuso sus propias interrogantes, como el “porqué detuvieron a una niña de 12 años, qué riesgo real inminente representaba, qué delitos estaba cometiendo o qué supuestos de flagrancia había, no notificar su salida a su familia, con lo que pusieron en riesgo su integridad física.
La legisladora del GPPRI cuestionó el actuar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León y expuso casos concretos para sostener que la represión y las violaciones a los derechos humanos son una constante desde que Mario Bravo Arrona asumió las riendas de esa corporación que es la que más expedientes de queja tiene ante la propia PRODHEG.
“Lo anterior demuestra que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León no está siendo la corporación que necesita y merecen sus habitantes”, porque “sus prácticas cotidianas provocan desconfianza social, cuando su función es la de velar por la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las personas”, afirmó.