Denunciaremos al Gobierno Federal por simular la aplicación de las vacunas contra COVID19: Éctor Jaime Ramírez

México. 08 de abril de 2021.- “La incapacidad del gobierno federal para articular e implementar adecuadamente y en tiempo y forma la estrategia de vacunación contra el SARS Cov2 ha originado que éstas no se apliquen oportunamente”, manifestó el candidato a la diputación federal por el distrito 5, Éctor Jaime Ramírez Barba.

 

Tomando los registros oficiales, se divisa lejano el compromiso hecho por el Presidente de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años para finales de marzo y resulta ilusorio esperar que se inmunice a dos tercios de la población para agosto del presente año.

 

Por otra parte, la priorización en la distribución de las vacunas ha sido instrumentalizada como una herramienta de proselitismo por el gobierno federal, y su aplicación ha seguido una lógica electoral diseñada desde Palacio Nacional.

 

“Con la participación de los “siervos de la nación, agentes proselitistas de Morena, y el hecho de que las vacunas comienzan a llegar a grandes ciudades al mismo tiempo que arrancan las campañas electorales, está claro que Morena y su gobierno buscan salvar votos, no salvar vidas”, refirió el médico panista.

 

A través de videos y otros registros documentales, se ha puesto en evidencia que, durante el desarrollo de la campaña de vacunación nacional, han sucedido casos de simulación por parte del personal encargado de la aplicación de la vacuna, en donde se hace creer al paciente que se le está ministrando la vacuna, cuando en realidad la jeringa con la que se debe hacer la aplicación no contiene dosis alguna.

 

Tal es el caso del video difundido durante la semana pasada en redes sociales, en donde se observa a una mujer a la que le iban a aplicar la vacuna contra Covid-19 en Sonora, pero se ve que la jeringa está vacía y es introducida en el brazo. El propio súper delegado de gobierno federal en la entidad, Jorge Taddei Bringas reconoció ese hecho.

 

“Es inexcusable y criminal la simulación en la aplicación de la vacuna contra el SARS-Cov-2, que ha sido documentada; y la multiplicidad de dichos acontecimientos han puesto de manifiesto que no se trató de un caso aislado, sino que tal pareciera que se trata de una situación generalizada y deliberada de simulación en su aplicación”, sentenció el candidato del PAN para la diputación federal en Léon.

 

La situación no podría ser de mayor opacidad, a la fecha los contratos de las vacunas son información confidencial, por lo que desconocemos la cantidad real de dosis adquiridas que supuestamente llegaron y llegarán al país. Los reportes que dan en las conferencias mañaneras fácilmente podrían estar llenos de mentiras, ante la total secrecía con la que actúan las autoridades federales.

 

Por otra parte, resulta inaceptable y negligente la falta de capacidad del personal designado por el gobierno federal para la aplicación de las vacunas: los supuestos “voluntarios” reclutados para apoyar en el proceso operan con total discrecionalidad y sin la acreditación necesaria que los avale como personal capacitado para realizar funciones propias del Sistema Nacional de Salud

 

Está claro que desde un inicio el personal sanitario del país fue sustituido por los operadores de campo de Morena, para poder instrumentar una política de vacunación que respondiera a los intereses políticos de ese partido y ocultar los abusos y negligencia que se están cometiendo.

 

“Simular la vacunación de la población es un crimen que viola el derecho humano a la salud, atenta contra el derecho a la vida y constituye un acto en contra de la humanidad”, manifestó Éctor Jaime, quien fuera secretario de salud de Guanajuato.

 

No podemos quedarnos cruzados de brazos ante tal situación, nuestra bancada en la Cámara de Diputados federal acudirá a las instancias de control administrativo y de procuración de justicia correspondientes para que se indaguen los hechos y se establezcan las sanciones.

 

“Demandamos que se tomen las medidas necesarias para evitar la simulación y tanto la Secretaría de Salud, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investiguen posibles delitos contra la salud de los mexicanos”, finalizó.

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