GUANAJUATO, Gto., jueves 19 de noviembre del 2026.- Con el propósito de proteger la salud de la población, la diputada Rocío Cervantes presentó una iniciativa que busca que el Estado y los municipios impulsen una verdadera política de educación sanitaria para que vendedores de alimentos y consumidores conozcan las mejores prácticas de higiene, seguridad alimentaria y nutrición.
Su propuesta contempla a los vendedores de alimentos en la vía pública, más expuestos, por obvias razones, a contaminantes ambientales diversos, pero también a establecimientos formales que funcionan en espacios cerrados como restaurantes, fondas, loncherías que igual carecen de protocolos en el manejo de basura, residuos y elementos grasosos.
Dijo que elementos ambientales pueden contaminar los alimentos, pero también el manejo inadecuado de residuos, la falta de agua potable, la conservación incorrecta de los productos y la ausencia de medidas básicas de higiene en establecimientos cerrados.
“Estas situaciones pueden favorecer la aparición de enfermedades gastrointestinales, infecciones y otros padecimientos que afectan principalmente a niñas, niños, personas adultas mayores y grupos vulnerables”, añadió y remarcó que en ambos casos “la preocupación central es la salud pública”.
En ese tenor, Cervantes Barba resumió que su propuesta de reforma a la Ley de Salud es para fortalecer la educación sanitaria, la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades.
Igualmente, también dejó en claro que su iniciativa no busca prohibir ni perseguir, la venta de alimentos en la vía pública, ni en establecimientos fijos, mercados, cocinas económicas y negocios familiares, espacios que “son parte de la dinámica económica y social” de los que dependen los ingresos de muchas familias.
Indicó que lo que se pretende es que las familias tengan mayor confianza en los alimentos que consumen, que quienes se dedican a la venta de comida cuenten con orientación y herramientas para mejorar sus prácticas y que las autoridades “pasen de una visión meramente sancionadora a una visión preventiva, educativa y de acompañamiento”.
Por eso se plantea que las autoridades elaboren manuales básicos de higiene alimentaria, establezcan mecanismos de identificación y control de los puntos de venta de alimentos y promuevan protocolos adecuados para el manejo de basura, residuos orgánicos, aceites y grasas de cocina.
“En suma, el reto no es limitar una actividad que genera empleo, identidad cultural y acceso a la alimentación, sino garantizar que se desarrolle bajo condiciones que protejan la salud pública y brinden mayor seguridad tanto a quienes venden como a quienes consumen estos productos”, dijo la legisladora.

