Macron reconoció que sus palabras “han herido a algunos” en el pasado y consideró justificado el descontento que ha provocado las protestas, por lo que anunció que decreta un “estado de emergencia económico y social” para hacerle frente.
En un alocución televisada de 13 minutos de duración, admitió que el país afronta “un momento histórico” y pidió a las grandes empresas que participen en el esfuerzo necesario para cambiar la situación.
El mandatario solicitó además a los empresarios “que puedan” que entreguen a sus empleados una prima de fin de año que también quedará exonerada.
Asimismo, recalcó que los jubilados que ganen menos de 2 mil euros mensuales verán anulada la subida de la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto proporcional sobre los ingresos profesionales o de capital que financia la Seguridad Social.
Por el contrario, no aceptó reinstaurar el impuesto sobre la fortuna (ISF), que lo pagaban aquellos con un patrimonio neto imponible superior a los 1,3 millones de euros y que fue sustituido por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI).
Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo. Pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario”, concluyó sobre el conjunto de medidas previstas, que fueron acompañadas de una condena a los actos de violencia registrados en las protestas.
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