Silao, Gto., 13 de Junio del 2025.- La noche del 30 de mayo de 2023, en la carretera estatal Silao–San Felipe se registró un acto de violencia que cobró la vida de un transportista. Tras haber estacionado su unidad a un costado de la vía, frente a una pensión, donde bajó de su camión para alimentarse, el ofendido fue sorprendido por dos sujetos que, con violencia, lo abordaron.
En un intento por defenderse, el conductor forcejeó con ellos, pero uno de los agresores le clavó un objeto punzocortante en el pecho. El hombre logró bajar de la unidad y caminar unos metros antes de desplomarse, perdiendo la vida a causa de la grave herida.
El equipo ministerial y forense de la Fiscalía se dirigió rumbo a la comunidad de Peñitas en Silao, lugar aledaño al sitio de los hechos, donde se llevaron a cabo diversas diligencias bajo la conducción de un agente del Ministerio Público, quien inició y dio seguimiento a la carpeta de investigación hasta dar con los responsables, acreditar su responsabilidad y obtener castigo conforme a la ley.
Desde el primer momento, el lugar fue procesado. Se recabaron indicios materiales y orgánicos, se inspeccionó el camión, se levantaron testimonios y se solicitaron registros de cámaras cercanas. El trabajo de los peritos consistió en reconstruir la escena, establecer la secuencia de los hechos y recolectar indicios para la identificación de los presuntos agresores.
Paralelamente, el equipo de analistas de información cruzó datos hasta perfilar a los probables inculpados: MANUEL GUADALUPE “N” y JOSÉ FRANCISCO “N”. La Fiscalía reunió elementos que apuntaban a su participación en el crimen, por lo que se solicitó al juez las órdenes de aprehensión correspondientes, que fueron otorgadas y ejecutadas por agentes de investigación criminal.
Ambos sujetos fueron ubicados, detenidos y puestos a disposición del órgano jurisdiccional. En audiencia ante el tribunal, el Ministerio Público presentó pruebas sustentadas en diversos peritajes, con los que se
acreditó la probable responsabilidad penal de los acusados en el homicidio.
En la etapa final del proceso, un tribunal de enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria y ordenó que los responsables cumplieran una pena de diez años de prisión, se cumpliera la reparación del daño provocado a las víctimas indirectas.