León, Gto., 12 de Junio del 2025.- El 21 de julio de 2022 dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos. Horas más tarde, sus cuerpos fueron encontrados sin vida, envueltos en bolsas de plástico, y abandonados a un costado de un camino de terracería cerca del arroyo conocido como Camino a las Liebres, en la colonia Soberna Residencial en la ciudad de León.
La Fiscalía General del Estado arribó al lugar y confirmó la noticia. El personal de criminalística acordonó el área y documentó la escena. Los cuerpos presentaban signos de violencia y asfixia mecánica. A uno de
ellos, incluso le había sido mutilada una oreja.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde médicos legistas y peritos en genética y lofoscopía aplicaron los procedimientos necesarios para extraer muestras de huellas dactilares, de ADN y otros materiales biológicos. Paralelo a ello, peritos en informática forense comenzaron la extracción de información de los equipos telefónicos asegurados, mediante autorización judicial federal.
Fue precisamente este análisis de datos lo que permitió hacer un mapeo y registrar un patrón de movimientos, lo que reveló la participación directa de FRANCISCO EMMANUEL “N” y YAHAIRA MONSERRAT “N”.
En cámaras de video vigilancia fueron captados diversos momentos que abonaron en la reconstrucción de los hechos, además de otras diligencias en campo que incluyeron diversas entrevistas.
Una vez que se integró la carpeta de investigación con pruebas periciales, análisis científicos, testimonios y documentación gráfica, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados. Los agentes de investigación criminal ubicaron y capturaron a FRANCISCO EMMANUEL “N” y YAHAIRA MONSERRAT “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
El caso avanzó a través del sistema penal acusatorio hasta la etapa de juicio. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, los imputados optaron por la vía del procedimiento abreviado. Fue así que el tribunal unitario emitió una sentencia condenatoria. A cada uno se le impuso una pena de 26 años y 8 meses de prisión: 18 años y 8 meses por el homicidio calificado, y 8 años por el homicidio simple.
Además, se les ordenó el pago por concepto de reparación del daño para cada víctima, así como los gastos funerarios. Se les suspendieron sus derechos político-electorales y se les negaron los beneficios de ley y sustitutivos de la pena de prisión.